Cuando hablamos de derecho al acceso a una vivienda, y en el contexto español o gallego, vemos que la única alternativa seria y eficaz a lo largo del siglo XX y principios del XXI ha sido el impulso y puesta a disposición de viviendas sociales, tanto de promoción pública como privada.
Bien es cierto que tenemos que hablar casi en pasado y con cierto rubor, porque la realidad es que España no ha estado a la altura en este sentido. Si nos comparamos con el impulso que el modelo de viviendas sociales ha supuesto en otros paises europeos, vemos que frente al poco más del 1,5% del parque de vivienda social español, en paises como Holanda supone el 30% del total, en Suecia o Dinamarca cerca del 20% y en otros como Francia se ronda el 17%.
Y ante ese porcentaje tan poco alentador de nuestro país, la inactividad de los últimos años no hizo más que empeorar la situación. Mientras que en 2008 se entregaban en España cerca de 63.300 viviendas de protección oficial en el 2018 este número se redujo a 3500. Esto supuso que hace dos años, sólo se cubrió la necesidad de menos de un 1% de los peticionarios de vivienda social en España y de tan solo una de cada 300 personas con bajos ingresos.
En Galicia la realidad es que en 2018 se calificaron tan solo 8 viviendas protegidas tanto de promoción pública como privada, número que bajó incluso a 4 en el 2019, dejando sin adjudicar vivienda a cerca de 15000 familias, esto es, unas 45000 personas.
Ante este panorama de parálisis, parece lógico que surjan movimientos sociales que se movilicen para encontrar otro tipo de alternativas que les permita acceder a una vivienda, tal como permite la fórmula del cohousing. Un movimiento que podemos calificar “antisistema” desde el momento que se rebela contra lo que parece ser una única vía y por su convicción en que otros modelos son posibles. Y es que esta opción habitacional no sólo contempla viviendas accesibles económicamente, sino con el valor añadido de ser antiespeculativas, sostenibles y adaptadas a las necesidades y deseos de sus residentes, donde a mayores la parte comunitaria cobra vital importancia.
Para poder ser desarrolladas los futuros residentes de estas viviendas se organizan bajo el paragüas de una cooperativa que será la propietaria de la edificación, evitando que ninguna de las personas asociadas pueda en un futuro especular con su vivienda.
Al emplear muchas de ellas la fórmula de la cesión de uso se aseguran también que cualquier persona socia pueda recuperar, en caso de abandonar la vivienda, gran parte de la inversión realizada, y no sólo ella, sino en caso de fallecimiento, incluso las personas herederas, si optan por no ejercer su derecho a ocupar la vivienda. Algo que las hace sostenibles y especialmente atractivas para el socio cooperativista. Y eso es posible porque habitualmente existe una parte de la inversión que se realiza como un fijo al inicio de la construcción, mientras que otra parte se va desembolsando a modo de alquiler, normalmente con precios más bajos que los del mercado libre, siendo esa la parte de inversión no recuperable. Y todo esto es posible, en la mayor parte de los casos, gracias a la intermediación de financieras provenientes de la banca ética, que hacen posible este tipo de operaciones y que ayudan al éxito de las mismas.
Es cierto que cualquier modelo que se presente como novedoso despierta recelos o sospechas y tendemos a pensar que “algo esconde”… Lo cierto es que analizando todos los casos de cohousing ya conformados en el mundo, especialmente en Europa y España, el principal “pero” no reside en lo económico, donde sí vemos ventajas claras, sino en las dificultades para articularlo con cierta agilidad, lo que provoca cambios en los grupos que trastocan los planes ya trazados, y la necesidad de reorganizar las tareas y cometidos. De ahí la importancia de tratar de contar con ayuda técnica para sobrellevar el proceso, técnica, financiera y emocionalmente.
Y si hablamos del apoyo de las administraciones a este modelo, podemos concluir que a nivel estatal las únicas ayudas a día de hoy pertenecen al Plan Estatal de Vivienda, que recoge subvenciones al modelo siempre que se refiera a atender las necesidades de personas mayores de 65 años, pero no como alternativa para familias jóvenes, solteras, o colectivos con necesidades específicas,…
Queda por lo tanto una tarea importante por delante de difusión del modelo para que las políticas viren sin complejos hacia el mismo, y se percaten de lo interesante de permitir que la población se tutorice a sí misma, a cualquier edad, y que encuentre en su propia comunidad el apoyo más importante para desarrollar su proyecto de vida. El coste económico para el Estado sería mucho menor, por lo que significa de ahorro asistencial en muchos casos, pero también de control de precios y de alternativa real a la emancipación de los jóvenes.
María Pierres. Arquitecta